El nuevo Código Penal, un reflejo de los valores de nuestra sociedad

A continuación presento algunas máximas referidas al nuevo Código Penal:

– La seguridad de la sociedad es una función fundamental del Estado. Debe ser una prioridad.

– El Código Penal es una herramienta clave contra la criminalidad organizada (narcotráfico e inseguridad asociada al narcotráfico, trata de personas, corrupción, lavado de dinero, terrorismo).

– Debe procurarse la inserción de la Argentina en el mundo.

– No se puede ignorar el reclamo social de garantizar seguridad a la gente.

– Hay que aprovechar el trabajo durante dos años de expertos en derecho penal. Que sea puesto en consideración de la sociedad a través de sus representantes, en el Congreso de la Nación.

– El Código Penal es el termómetro de cuán dispuesto está el Estado a cuidar de la población.

– Código Penal refleja nuestros valores como sociedad, es de todos.

– El Código Penal debe estar actualizado a la realidad moderna y a los problemas cotidianos.

Alguno de los principales capítulos del nuevo Código Penal y las novedades que se introducen:

Corrupción

En la parte general del Código Penal:

Ampliación de la jurisdicción de la justicia argentina para investigar los delitos de corrupción, en tanto se introduce el principio de nacionalidad activa y pasiva, de conformidad con las recomendaciones realizadas por el OCDE, cuando se trate de delitos pasibles de extradición y respecto de los cuales la Nación Argentina haya asumido el compromiso de su persecución y juzgamiento en tratados o convenciones internacionales. De esta manera, la justicia argentina podrá intervenir en casos de corrupción ocurrida en otros países, como por ejemplo en Brasil, cuando algún argentino haya participado de la comisión de esos delitos.

Decomiso. Es importante lograr la efectiva aplicación de la sanción penal correspondiente (condena de prisión de efectivo cumplimiento), para así evitar la impunidad de los responsables. También es importante enfocarse en el recupero de la totalidad de los bienes que fueron sustraídos del Estado. Esto se logra mediante el decomiso de los activos, que en algunos casos puede darse anticipadamente, antes de la condena penal, mecanismo que se está incorporando y ampliando en el Proyecto en el que está trabajando la Comisión de Reforma del Código Penal. Decomiso de bienes de valor equivalente, en caso de que no se logre recuperar el bien concreto, porque, por ejemplo, esté en otra jurisdicción como Brasil.

Nuevas causales de interrupción de la prescripción de la acción penal: la solicitud de extradición. Esta cláusula resultaría útil para impedir la paralización de las investigaciones cuando se trata del delito de corrupción internacional. Esto podría aplicarse con los hechos de corrupción que se investigan en Brasil, cuando sea competente la justicia argentina.

– Responsabilidad de las personas jurídicas (según la recientemente sancionada ley 27.401). Esta última forma de responsabilidad de las personas de existencia ideal se estructura sobre la base de la responsabilidad por culpa in vigilando, esto es, cuando la entidad no hubiese adoptado y cumplido los procedimientos de control y supervisión internos, idóneos para prevenir el delito de que se trate (comúnmente conocidas como normas de compliance). Los delitos de corrupción están dentro del catálogo de delitos por los que una persona jurídica podría ser condenada. Las sanciones que se prevén para las personas jurídicas son: 1) Multa de 2 a 5 veces el beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener; 2) Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; 3) Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; 4) Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad; 5) Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere; 6) Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.

– Se destaca el problema de la desactualización de las penas de multa –actualmente algunas están fijadas en australes- y, para resolverlo, se introduce un sistema utilizado en el derecho comparado llamado de “días multa”, que actualiza la pena según una variable objetiva y observable: el valor de la queja judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (actualmente es de $26.000). Se prevé también que si el condenado no cumple con el pago de la multa en el plazo fijado en la sentencia, pudiendo hacerlo, la multa se convertirá en prisión de cumplimiento efectivo.

– Se contempla la figura del colaborador eficaz o “arrepentido” para los delitos de soborno trasnacional, asociación ilícita, y delitos de corrupción cuando durante la sustanciación del proceso del que la persona sea parte, brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles. Se amplía para la investigación de cualquier delito que prevea una escala penal máxima mayor a 15 años de prisión. También se prevé la posibilidad de reducción de pena para la persona jurídica que colabore voluntariamente en la investigación.

En la parte especial del Código Penal:

Aumento de escalas penales. En el Proyecto de Código Penal se prevé un aumento sustancial de las escalas penales respecto de los delitos de corrupción, en especial, de los delitos de cohecho (pasivo y activo), soborno trasnacional, enriquecimiento ilícito, con escalas penales que van de 4 a 12 años de prisión (hoy es de 1 a 6 años de prisión para todos los delitos enumerados, y 2 a 6 años para el enriquecimiento ilícito). Sólo podrán ser de cumplimiento efectivo.

– Mejora de tipos penales (enriquecimiento ilícito). Se amplía el sujeto activo del delito (hoy es sólo funcionarios públicos) a todos aquellos sujetos obligados por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales (incluye a las autoridades de obras sociales y dirigentes sindicales). Además, se amplía en plazo comisivo (hoy es desde la fecha en que el funcionario asume en su cargo, y hasta 2 años desde que cesa en sus funciones). Se amplía desde la fecha de la elección popular (en caso de que sea un cargo por elección) y se extiende hasta 3 años luego de que cesó en el cargo.

– Nuevas agravantes en delitos de cohecho pasivo y activo y soborno trasnacional (art. 256 y ss). Hoy sólo se agrava cuando el autor sea un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público (4 a 12 años). Se agregan agravantes cuando el autor ocupe el cargo de presidente de la Nación, vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros, ministro o secretario de Estado; gobernador o vicegobernador provincial; jefe de gobierno o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; intendente municipal; magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, nacional o provincial; legislador nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal. Además, se eleva la escala penal a 5 a 15 años de prisión (hoy es de 4 a 12).

– Se agrega el delito de soborno entre privados, con posibilidad de que las personas jurídicas puedan responder penalmente por este delito.

– Se mantiene la tipificación del delito de lavado de activos, figura relacionada a la corrupción y se contempla la agravante en el caso de que se encuentre involucrado un funcionario público, lo que se traduce en una pena mayor para todos los responsables.

– Con respecto a la corrupción internacional, ​la Comisión introduce el delito de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Narcotráfico

Se incorporan los delitos de narcotráfico y estupefacientes y se aumentan las escalas penales de los tipos penales actualmente previstos en la ley especial. Este incremento cuantitativo se encontraría diferenciado según la gravedad de la conducta. Se parte de la actual escala penal (de 4 a 15 años de prisión) para quienes siembren, cultiven o guarden plantas o semillas aptas para la producción de estupefacientes y se aumenta la escala penal a 5 a 20 años de prisión para los eslabones más peligrosos de la cadena del narcotráfico: la fabricación, producción y la comercialización de estupefacientes. Se agrega como una nueva figura penal la organización internacional dedicada al narcotráfico y se prevé una pena de hasta 25 años de prisión para los jefes u organizadores de esta clase de organizaciones. Se incorporan nuevas agravantes a las actualmente previstas por la ley de drogas, entre las cuales se encuentran la provisión de estupefacientes a menores de edad o a personas sometidas a tratamiento de desintoxicación, el uso de armas y la utilización de menores de 18 años para la producción o comercialización de estupefacientes.

Inseguridad

– Imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y para los condenados por delitos dolosos cometidos con violencia que hayan conllevado para la víctima graves daños físicos o mentales o la muerte (por ejemplo: homicidio agravado, abuso sexual agravado, corrupción de menores, explotación de la prostitución, secuestro extorsivo, trata de personas, tortura, desaparición forzada de personas, terrorismo, contrabando agravado, financiamiento del terrorismo y tráfico de estupefacientes). Así se fomenta el cumplimiento total de las penas impuestas por esos delitos.

– Introducción del seguimiento socio-judicial como una medida de seguridad posterior al cumplimiento de la pena, siguiendo al modelo del Código Penal francés. El seguimiento socio-judicial está previsto para determinados delitos muy graves, tales como el homicidio agravado, el abuso sexual agravado, otros ataques graves contra la integridad sexual y los delitos que se cometan en un contexto de violencia de género. Consiste en la imposición de determinadas medidas de vigilancia y asistencia destinadas a prevenir la comisión de nuevos delitos que el condenado debe respetar durante un plazo máximo de 10 años, con posterioridad al cumplimiento de la pena impuesta. Estas medidas pueden ser: obligación de estar siempre localizable mediante dispositivos electrónicos de seguimiento permanente, la obligación de presentarse periódicamente, la obligación de comunicar cada cambio del lugar de residencia y/o del lugar o puesto de trabajo, la prohibición de aproximarse a la víctima, o a sus familiares, la prohibición de comunicarse con la víctima, o con sus familiares, la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza, la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares y la obligación de seguir tratamiento médico o psicológico externo, o de someterse a un control médico periódico.

– Se incorporan criterios objetivos y claros para la determinación de la pena que deberán ser observados por el juez siempre que éstos no constituyan, a su vez, elementos del tipo penal. Se establecen parámetros objetivos que limitan la discrecionalidad judicial en la determinación de la pena. Se exige que se parta del tercio superior de la escala penal prevista para un delito cuando el hecho se ejecute con alevosía, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima o produciéndole especial sufrimiento, cuando haya sido cometido por motivos discriminatorios, o con violencia de género, o despreciando una condición de vulnerabilidad de la víctima, sea por su edad, por la condición de persona mayor, por su condición social o por las tareas que desempeña, por la pluralidad de intervinientes y por el alto grado de organización del hecho, y la comisión del hecho a pesar de haber sufrido una condena anterior, o en ocasión de una morigeración de la ejecución de una pena de prisión.
Además, igual criterio de determinación de la pena se aplica cuando en el hecho se verifique la utilización de medios insidiosos o especialmente dañinos o peligrosos, tales como armas de fuego o explosivos, así como la intervención de un menor de edad.

– Se mantiene la figura del colaborador eficaz o “arrepentido” para los delitos de narcotráfico, delitos aduaneros, terrorismo, corrupción de menores, privaciones ilegales de la libertad agravadas, trata de personas, soborno trasnacional, asociación ilícita, y delitos de corrupción cuando durante la sustanciación del proceso del que la persona sea parte brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles y se amplía para aquellos delitos cuya pena máxima sea igual o superior a 15 años de prisión, cuando el tribunal considere que por la complejidad de los hechos o de la investigación, resulta necesario aplicar esta técnica de investigación.

– De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se mantiene el instituto de la reincidencia, quedando circunscripta su aplicación a los delitos dolosos y se consagra el concepto de reincidencia real.

Armas: tenencia y portación de armas de fuego: se aumentan las escalas penales para los delitos de tenencia y portación de armas de fuego de uso civil y de guerra, de manera que las penas sean de efectivo cumplimiento.

 

Delitos en el deporte

Nuevo título en el Código Penal. En primer lugar, se prevé una escala penal agravada (aumentada en dos tercios) para los delitos de homicidio, robo, lesiones, lesiones en riña, abuso de armas y abandono de persona cuando los hechos se cometan en el marco de un espectáculo deportivo, sea en el lugar en el que se desarrolle el espectáculo o en sus inmediaciones, antes, durante o después de él, o incluso durante los traslados al mismo. En el Nuevo Código Penal también se indica que si alguno de estos delitos fuera cometido por un director o administrador de un club deportivo, dirigente, miembro de comisiones directivas o subcomisiones se le aplicará además pena de multa (medida en días-multa), y el tribunal podrá ordenar la clausura del estadio por un término máximo de 60 días.

Se prevé específicamente un capítulo destinado a los delitos cometidos en el marco de espectáculos futbolísticos. Al respecto, en el Nuevo Código Penal se establece el delito de venta de entradas falsas para el ingreso a un espectáculo futbolístico con pena de 6 meses a 2 años de prisión y se contempla la agravante –con pena de 1 a 3 años de prisión- cuando el delito fuera cometido por un organizador, protagonista (jugador), o integrante de una asociación ilícita (artículo 483 del Anteproyecto de Reforma del Código Penal). En el mismo sentido, en el Anteproyecto se prevé pena de 6 meses a 2 años de prisión o multa para los organizadores, protagonistas o responsables de la emisión y distribución de entradas a espectáculos futbolísticos, que dieren las entradas a los integrantes de una de las asociaciones ilícitas mencionadas. Además, se establece pena de prisión de 1 mes a 1 año o multa para quienes vendieren sin autorización entradas de espectáculos, y si la comercialización se realizare en las inmediaciones del estadio, la escala penal se elevará al doble.

Asimismo, en el Anteproyecto de Reforma del Código Penal se contempla el delito de violación de la prohibición de concurrencia a un espectáculo futbolístico (derecho de admisión), impuesto por la autoridad competente, con prisión de 1 mes a 1 año de prisión. También se le impondrá una pena de prisión reducida para el organizador o el protagonista (jugador) que permitan esta conducta.

A su vez, se establecen nuevos delitos vinculados a los espectáculos deportivos, cuando se impida -aunque sea momentáneamente- la realización de un espectáculo deportivo en un estadio (pena de 1 mes a 3 años de prisión) y para quien, impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes e instalaciones afectadas a los mismos, hacia o desde los estadios con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo (pena de 6 meses a 3 años de prisión). También se contempla el delito de creación del peligro de una aglomeración o avalancha con pena de multa (medida en días-multa), y si esta se produce, se establece pena de prisión de 1 mes a 2 años.

Se prevé como delito la corrupción en el ámbito deportivo y el dopaje.

Source: Infobae
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